Corrupción, uno de los problemas sociales que más afecta en el siglo XXI

La corrupción no solo supone el quebrantamiento de principios éticos y la transgresión de fundamentos legales, sino que, en sí mismo, es una traición a la sociedad y a los hombres y mujeres que la conforman. Ante los actos de corrupción, los ciudadanos son traicionados como contribuyentes ya que sus tasas e impuestos han sido desviados del fin que deberían perseguir como el sufragar los gastos en escuelas, hospitales o carreteras -entre otros muchos-, para pagar sobornos o enriquecer a particulares. Como electores que eligen a sus gobernantes, los ciudadanos también sufren la traición de saberse engañados por aquellos que son receptores de su confianza y los representantes en los que han confiado para que hagan valer y defiendan sus derechos.

La corrupción política es un mal que afecta a casi todos los países, desde la China comunista a los países europeos, desde África hasta, por descontado, América Latina. Desvía bienes, malversa fondos, enriquece a funcionarios, crea una red de intereses entre corruptores y sobornados, y toca con su mano negra a empresas y estados.
Corrupción política y condición humana han ido de la mano desde el principio de los tiempos. Los casos de corrupción no son algo nuevo que ha surgido como fenómeno en este siglo XXI, sino que viene padeciéndose desde el principio de la historia humana. Lo que quizás sí sea novedoso es que el tráfico de intereses económicos privados y poder político ha despuntado exponencialmente en estas últimas décadas. Eso y que quizás las sociedades modernas sean, en general, democracias dotadas de una prensa libre y una opinión pública informada que impide que el silencio caiga sobre los casos de corrupción.

¿Cómo afecta a los derechos básicos de las personas?

Abusos de poder, operaciones fraudulentas, redes de corrupción, funcionarios que desvían fondos públicos para enriquecer aún más a fortunas privadas. Todos estos actos no son simples transacciones entre personas corruptas. Sus acciones las sufren el resto de la sociedad distrayendo recursos que deben ir a parar a las capas más débiles de ella.
En la Convención de Naciones Unidad Contra la Corrupción se recoge en su preámbulo que la corrupción socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
Cuando los fondos públicos, que los estados recaudan a través de sus ciudadanos, no van destinados al fin que se persigue como es el de repartir la riqueza del país en función de las necesidades de sus ciudadanos, sino que se canalizan para comprar voluntades o repartir sobornos, tiene como consecuencia que se construyan menos escuelas, se contraten menos profesores y maestros, que se levanten menos hospitales o la atención sanitaria sea más ineficiente, que las carreteras no se reparen o que los tribunales de justicia sean más lentos o que la parte más débil de la sociedad continúe asfixiándose en barrios marginales sin acceso a los servicios públicos tan elementales como agua, luz o teléfono.

Gobiernos apoyados con grupos muy poderosos que buscan su propio beneficio

Mucho se ha hablado tanto en América Latina de la corrupción, pero cuando desde el primero hasta el último de los mandatarios actúa impunemente en beneficio propio y no en el pueblo y además cuenta con el apoyo de grandes grupos, llámese militares, empresarios, bancos o cualquier otro con mucho poder, el pueblo no puede hacer nada más que agachar la cabeza y callar.
Hay países en los que la corrupción trata de ocultarse o disimularse, pero hay otros en los que la situación es tan extrema que incluso es totalmente abierta y pública a todo el mundo. Es el caso, como no, de Venezuela en donde un gobierno autoritario y nada democrático impone su ley mientras el pueblo, cada vez más mermado, mira a Europa y el resto del mundo suplicando una mano que nunca llega.
El fin último, como siempre en estos casos, no es otro que el de obtener beneficios económicos. Y, para mayor inri, quien se atreve a levantar la cabeza tratando de iniciar una revolución, es rápidamente silenciado, encarcelado o incluso ejecutado.

Obras públicas, ¿por qué son un foco de corrupción tan grande?

La concesión y adjudicación de obra pública es el terreno propicio para que empresarios demasiado codiciosos y políticos sin escrúpulos hayan convertido sus métodos perversos en una forma escandalosa de lograr un beneficio a cualquier precio.
Grandes y pequeñas constructoras han estado en el foco de atención de los medios informativos y en el punto de mira de la policía y la fiscalía anticorrupción por lograr contratos a base de comisiones y de desvíos de fondos públicos.
La contratación pública es un mercado de negocios donde abundan las tentaciones y donde más facilidades se da a la corrupción.
Para algunas organizaciones como Transparencia Internacional España, aproximadamente el 10% del gasto destinado a contrataciones públicas se desvían para pagar corrupciones. En América Latina estos porcentajes aumentan escandalosamente.

Odebrecht, un caso típico de corrupción que salpicó a una decena de países de la región

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación en la que denunciaba que la constructora brasileña Odebrecht había estado sobornando durante años a altos cargos y mandatarios de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominica y Venezuela.
Después de ser despedida por la empresa brasileña, Concepción Andrade, una joven empleada de la constructora carioca que durante años fue la secretaría de una especie de departamento de sobornos, se fue a su casa con una montaña de documentos donde había registrado los pagos ilícitos realizados por Odebrecht para obtener tratos de favor y contratos públicos.
Estas pruebas comprometedoras los guardo durante treinta años hasta que después los entregó a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

Expresidentes investigados y enjuiciados por esta causa en América Latina

Muchos han sido los altos cargos y funcionarios de rango elevado imputados por esta causa. Gobernadores, partidos políticos, legisladores, asesores a candidatos presidenciales… La nómina de las personas investigadas es muy amplia.
Se estima que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht llegó a pagar unos 200 millones de dólares en sobornos a un número aproximado de casi 150 políticos y funcionarios de Latinoamérica.
Entre ellos un alto cargo del expresidente peruano Alán García. En Panamá se untó con dos millones de dólares a los descendientes del ministro de Presidencia de aquel país Ricardo Martinelli.
El exministro colombiano García Morales fue sobornado con seis millones y medio de dólares.
En Ecuador el ministro de Electricidad Alecksey Mosquera también fue sobornado con una comisión de más de un millón de dólares.
Todos estos pagos fueron ingresados en cuentas de la Banca Privada d´Andorra (BPA).